Proyecto para enfrentar desastres naturales en Mendoza
El objetivo es adecuar la legislación local a los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), creado por la Ley Nacional Nº 27.287, a la cual Mendoza adhirió mediante la Ley Nº 9.037.
Durante el encuentro, la senadora Derrache destacó el trabajo conjunto con su equipo de asesores, entre ellos Leonardo Vargas y Pedro Domsic, y subrayó la necesidad de actualizar una normativa que data de hace décadas, adaptándola a los desafíos actuales para lograr una provincia más segura y preparada.
A su turno, Pedro Domsic explicó que el concepto de gestión integral del riesgo —que incluye mitigación, respuesta y recuperación desde un enfoque de resiliencia— aún no está incorporado plenamente en la normativa vigente. Esta nueva ley, dijo, permitiría unificar criterios, facilitar la toma de decisiones y preparar mejor a la población.
El senador Gerardo Vaquer remarcó que fenómenos como el cambio climático y la urbanización acelerada vuelven urgente la sanción de esta legislación. Además, destacó que el proyecto apunta a mejorar la articulación ante emergencias en un contexto de transformaciones ambientales constantes.
Derrache también mencionó que la propuesta prevé la elaboración de un mapa de riesgo, que deberá ser remitido a la Legislatura junto con el Presupuesto anual. Este instrumento permitirá identificar amenazas, vulnerabilidades y recursos en cada región de Mendoza. La legisladora hizo hincapié en la importancia de fomentar una ciudadanía activa y comprometida frente a situaciones de catástrofe.
Durante el debate, otros miembros de la comisión, como los senadores Valentín González, Marcelino Iglesias y Jesica Laferte, compartieron sus aportes sobre la relevancia del proyecto. Carlos Zabala, en tanto, destacó la importancia de considerar la infraestructura vial —como los puentes— en la gestión de riesgos.
Finalmente, se resolvió remitir el proyecto al Poder Ejecutivo para su análisis y continuar su tratamiento legislativo con el aporte del Gobierno provincial.
Modernización del sistema de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil
El proyecto propone la creación de un Programa Provincial de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, que incorpora los conceptos de “resiliencia” y “gestión integral de riesgos”. La propuesta busca anticiparse a eventos adversos mediante análisis, planificación y ejecución de planes de contingencia, minimizando riesgos y reduciendo la improvisación en situaciones críticas.
Entre los aspectos más relevantes, se contempla la conformación de la Dirección Provincial de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia. Este organismo será el encargado de coordinar las políticas provinciales en la materia. A su vez, se impulsa la creación de estructuras similares a nivel municipal, que trabajen en forma articulada con la provincia.
La ley también establece la implementación de Centros de Operaciones de Emergencia Provinciales y Municipales (COEP y COEM), y plantea la actualización anual del Mapa de Riesgos como herramienta clave para identificar y clasificar amenazas según su impacto y probabilidad, considerando las particularidades de cada zona.
Se reglamenta además la figura de la “declaración de desastre o emergencia”, que podrá ser solicitada por el Ejecutivo provincial o los municipios para activar mecanismos y recursos extraordinarios. La “declaración de normalidad vital”, por su parte, permitirá restablecer servicios esenciales luego de una emergencia, sin desatender los procesos de reconstrucción a largo plazo.
La normativa contempla un amplio abanico de eventos, como terremotos, inundaciones, incendios forestales, tormentas severas, nevadas extremas, avalanchas, actividad volcánica, derrames de sustancias peligrosas, epidemias, y otras emergencias de origen natural o antrópico.
Con esta propuesta, el Senado busca dejar atrás una gestión fragmentada y avanzar hacia un sistema moderno, coordinado y centrado en la prevención, en línea con los principios de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos y protección civil.