No toleremos la intolerancia
Si bien las tensiones entre los gobernantes y el periodismo son normales en un sistema democrático, los ataques hacia la prensa suelen tener efectos directos en la vigencia plena de otros derechos civiles y sociales. No en vano, Naciones Unidas ha planteado en reiteradas ocasiones que la tolerancia de los gobiernos ante opiniones desfavorables y voces críticas es un buen indicador de su respeto por los derechos humanos en general.
Desde luego que los agravios contra la prensa no son un patrimonio exclusivo de esta gestión de gobierno ni un hecho novedoso en la historia reciente de la Argentina, pero sí es preocupante la intensificación de las agresiones por parte del presidente Javier Milei y de otras voces identificadas con el oficialismo. En las últimas semanas, a sus habituales descalificaciones el jefe de Estado sumó la tergiversación de dichos de colegas y una arenga aún más grave, al incitar a la sociedad a “odiar” a los periodistas.
Además de intimidatorias, estas palabras del Presidente representan un retroceso en la construcción democrática. En su informe de 2024 del Monitoreo de la Libertad de Expresión, FOPEA relevó un crecimiento del 53% de los ataques contra la prensa, respecto de 2023. Esto sitúa al año que culminó como el segundo, después de 2013, con más casos reportados por la organización a partir de 2008. En el documento se especifica que el 44% de los agresores recurrió a la violencia digital, lo que amplifica su impacto. Es evidente, entonces, que las amenazas en las redes contra periodistas son la consecuencia natural de las agresiones realizadas contra la prensa desde el gobierno.
La democracia se sostiene sobre dos pilares fundamentales: la libre circulación de ideas y el libre acceso a la información. Casualmente, son las dos libertades que pueden garantizar el buen ejercicio periodístico, basado en la rigurosidad y en el apego a los hechos. Un presidente y cualquier ciudadano pueden refutar y cuestionar publicaciones periodísticas, pero el insulto y las declaraciones discriminatorias no pueden ser permitidos bajo el paraguas de la libertad de expresión. Mucho menos cuando los agravios provienen de la persona que tiene la representación del Estado, con todas las responsabilidades y compromisos que eso implica.
Como se ha dicho en más de una ocasión, el poder y la potencia de sus dichos tienden a inhibir la expresión y configuran en definitiva un mecanismo de censura indirecta. Lo que se persigue es que en el espacio cívico se deje de hablar de los asuntos que al poder perturban.
Los hechos de violencia vividos por colegas de diferentes medios en la vía pública de las últimas semanas deben oficiar como un llamado de atención a las autoridades sobre el impacto de sus palabras. Resulta imposible no relacionar estos episodios con el hostigamiento y la reiteración de la frase "la gente no odia lo suficiente a los periodistas".
Como entidad que representa a periodistas de todo el país, FOPEA insta a la reflexión a las autoridades políticas sobre el valor del respeto al disenso para fortalecer la democracia. Asimismo, reitera que siempre estará dispuesta a trabajar y a generar espacios de diálogo con ese propósito, pero jamás a tolerar la intolerancia.