Vadillo advirtió por el fin del control estatal en colegios privados

El abogado y especialista en defensa del consumidor Mario Vadillo cuestionó el Decreto 787/2025, con el que el Gobierno nacional eliminó el control estatal sobre las cuotas de los colegios privados. Según advirtió, la medida “representa un grave retroceso en materia de derechos y transparencia” y “abre el camino para la eliminación de los subsidios educativos”.

El decreto deroga una norma vigente desde 1993 que garantizaba que las familias conocieran con anticipación los valores y condiciones del servicio educativo antes del inicio del ciclo lectivo. “Ahora los colegios podrán fijar libremente sus precios, matrículas y cargos adicionales sin informar previamente al Estado. Los padres se enterarán del aumento cuando llegue la boleta”, señaló Vadillo.

El abogado recordó que el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a la información de los consumidores. “No importa si se trata de una compra o de un servicio educativo: todo ciudadano tiene derecho a saber qué contrata y cuánto va a pagar. Este decreto borra esas garantías básicas”, afirmó.

Vadillo también advirtió que la medida se presenta bajo el argumento de una supuesta “libertad educativa”, pero en realidad “favorece la desigualdad”.

“La libertad educativa no es dejar que cada escuela cobre lo que quiera, sino garantizar que todos puedan acceder a una educación de calidad y accesible. Sin control, sin información y sin subsidios, la libertad se convierte en privilegio”, sostuvo.
El nuevo decreto ordena además revisar el régimen de subsidios a las instituciones privadas. Para Vadillo, eso “es el primer paso hacia el desfinanciamiento de un sistema que forma parte de la educación pública”.

“El 70% de los colegios privados del país recibe algún tipo de aporte estatal y más del 20% de los alumnos asiste a escuelas subvencionadas. Si se eliminan esos fondos, muchas instituciones no podrán sostenerse y miles de familias quedarán sin opciones”, detalló.
Finalmente, el abogado subrayó que “no hay modernización posible que justifique quitar información al usuario” y que “la educación es un derecho, no un negocio”.

“Cuando el Estado deja de proteger a las familias, lo que crece no es la libertad, sino el abuso”, concluyó.