Promueven Jury de Enjuiciamiento al juez Sebastián Sarmiento

En la presentación, estuvo acompañado por Melisa y Andrés Pelayes, hijos de una de las víctimas de las que argumenta el escrito fueron "malas decisiones judiciales del magistrado".

“He presentado formalmente el pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el juez doctor Sebastián Sarmiento en los términos de lo que establece la Constitución Provincial y la Ley 4970 de nuestra provincia, que regula todo el procedimiento del Jury”, indicó Ambrosini, quien explicó que fue Melisa Pelayes quien lo contactó para presentarle el caso de su papá y que a partir de allí “empezamos a investigar y descubrimos que no es solo el caso  de Pelayes, sino que hay cinco casos sobre los que hemos dado fundamento en la presentación de este Jury”.

Desde la explanada del Poder Judicial, se explayó en tres de esos cinco hechos señalando que en “el de Pelayes, que es el inicio, el delincuente que termina con la vida de Pelayes tendría que haber estado detenido”, sin embargo, “termina saliendo un año y siete meses antes por decisión del juez Sarmiento cuando lo prohíbe el Código Penal, cuando hay un juicio abreviado y por la temática que fue, no podría estar en libertad”.

El resultado de esa libertad condicional, agregó, fue “la muerte del oficial agente Héctor Pelayes”, un ex policía que murió en ocasión de robo en su vivienda de Rodeo de la Cruz, en setiembre del año pasado.

Otro de los casos es el de Héctor Quiroga, asesinado también en ocasión de robo en 2017, “misma situación de un delincuente que tendría que haber estado preso con un prontuario delictivo interminable de robo agravado”.

El tercer hecho que forma parte de los fundamentos del pedido de Jury, es el caso de otro delincuente “que tendría que haber estado en prisión, tenía reclusión perpetua, le terminan dando la libertad condicional. ¿Cuál es el efecto de esa situación? Es que una nena de 12 años termina siendo abusada con acceso carnal en reiteradas veces”.

“Este no es un juez común porque las decisiones que toma este juez no son pasibles de revisión, atento que no hay un órgano superior que pueda revisar sus decisiones” y las decisiones que ha tomado “han sido todas malas y han generado gravámenes irreparables”, expresó.

Por su parte, Melisa Pelayes dijo que se contactó con Ambrosini a través de Instagram. “Desde que pasó lo de mi papá, nosotros hemos estado al tanto y en contacto con otras personas porque lo primero obviamente que tuvimos en consideración fue esto, de que esta persona que entró a mi casa no debería haber estado en libertad”.

“Saltaron a la luz otros casos, se contactaron con nosotros, que obviamente no tuvieron la oportunidad o por ahí no se animaron a hablar. Entonces creímos que no podíamos seguir esperando que pasara algo que debería pasar, vivir con seguridad y vivir con justicia. Entonces lo que nosotros como familia hemos reiterado en varias oportunidades, es que necesitamos que la justicia funcione, que la seguridad funcione y no puede funcionar si siguen liberando a los delincuentes y quienes deberían garantizarnos esa justicia, esa seguridad, siguen liberándolos, o siguen beneficiándolos, o siguen atentos solo a las necesidades de los delincuentes y no de la sociedad”.

En ese sentido, agregó que “ahora nos pasó a nosotros como familia, pero le puede pasar a cualquiera. No podemos seguir con miedo”, y subrayó: “Si seguimos estando fríos y no animándonos a hablar van a seguir apareciendo este tipo de jueces que con total impunidad defienden a los delincuentes. Eso es lo que nos ha llevado a nosotros a venir por este camino, a buscarlo a Franco, porque necesitamos no sólo justicia por nuestro papá sino que realmente las cosas en Mendoza cambien y transformarla y que podamos salir tranquilos a la calle”.

Los otros dos antecedentes a los que hace referencia la presentación, están vinculados a la orden del juez Sarmiento al Servicio Penitenciario Provincial y al programa PEUCE para garantizar celulares, internet y dispositivos informáticos para todas las personas privadas de libertad, incluso ordenando suspender una resolución administrativa vigente.

También  ordenó un régimen de traslados especiales para dos presos al penal de San Rafael, sin fundamentación clara y desoyendo los informes técnicos, teniendo en cuenta que ya desde ese alojamiento penitenciario los habían derivado a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad.