La Justicia Federal de Mendoza vuelve a ser noticia nacional

Se está a la espera de lo que se resuelva en el Consejo de la Magistratura,

La denuncia contra Walter Bento, titular del Juzgado Federal 1, con competencia electoral, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita junto a otras personas por el presunto cobro de coimas a presos a cambio de recibir beneficios y que, por estas horas, se está a la espera de lo que se resuelva en el Consejo de la Magistratura, vuelve a poner en la mira lo que se encierra, puertas adentro, del edificio de Avenida España y Pedro Molina.

 Pasado y presente

Es que la historia ya escrita habla de otros jueces que debieron transitar el desarrollo de juicios en su contra. 
Algunos salieron ilesos como Juan Ceferino Palma, en el año 1869 y Gerardo Walter Rodríguez, casi 120 años después, que fueron juzgados por el Senado, mientras que otros, ya con intervención del Consejo de la Magistratura, como Luis Leiva que en mayo del 2002 se acreditó "su mal desempeño en sus funciones, cuando no se inhibió en un expediente que lo vinculada como víctima de un presunto complot que pretendía desprestigiar...", desechando otras acusaciones en su contra, pero que lo dejó fuera de la Justicia Federal.

Además, dentro de un abanico más amplio, el hecho más relevante ocurrió cuando un Tribunal en este mismo edificio condenó a prisión perpetua a Rolando Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret, ex magistrados, acusados de "partícipes primarios de los delitos de lesa humanidad cometidos por otros 21 acusados en el juicio, entre militares y policías que fueron la “mano de obra” de la dictadura…".  

Uno por uno

El primer caso de juicio político en el país contra un juez tuvo al mendocino Juan Ceferino Palma como protagonista, hasta que en 1869, el Presidente Domingo Faustino Sarmiento confirmó como Juez Federal de Mendoza al magistrado, después que fuera absuelto de todas las acusaciones en su contra realizadas en la Cámara de Diputados de la Nación. Mientras que en octubre de 1996, el Senado también absolvió al juez federal de Mendoza Gerardo Walter Rodríguez del juicio político que se le siguió por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, por el otorgamiento, en tiempo récord, de la documentación que le dio a Monzer Al Kassar. Mientras que en mayo de hace 9 años, el jurado de enjuiciamiento de magistrados (vigente desde noviembre de 1998) destituyó al juez federal de Mendoza Luis Leiva, quien tuvo en jaque al ex banquero Raúl Moneta cuando investigó las quiebras de los bancos República y Mendoza y lo procesó por subversión económica. El banquero estuvo 6 meses de estar prófugo y logró recuperar su libertad bajo caución por orden del juez federal Carlos Liporaci a donde había quedado radicada la investigación iniciada en Mendoza, sede del banco que llevaba su nombre. Ese fallo fue ratificado, 7 años después, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y tres conjueces, rechazando un recurso de queja presentado por Leiva.  

Lo que se viene

Walter Bento, tiene 58 años, es el titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza desde 2005 y juez con competencia electoral fue acusado en el vocabulario popular de "pedir coimas" para beneficiar a detenidos por contrabando y narcotráfico.

La acusación estuvo en manos del Fiscal General de Mendoza, Dante Vega y en el inicio se sostuvo que la presunta banda criminal integrada por un ex aduanero Diego Aliaga, que terminó asesinado, tres abogados (Luciano Ortega, Matías Aramayo y Martín Ríos) a cargo de tramitar las causas ante el juez considerado como jefe de la organización al que acusó de asociación ilícita, cohecho (cobro de sobornos por montos que iban de los 50 mil al medio millón de dólares, según la causa), lavado de activos (como la compra y venta de terrenos y departamentos) y enriquecimientos ilícitos. Entre el cúmulo de pruebas aportadas por Vega con el aval del juez federal de San Rafael Eduardo Puigdéngolas se destaca como la que más compromete a Bento, son las 260 llamadas -en un lapso de 240 días- entre los celulares del despachante y un teléfono a nombre de "Primo" y que resultó ser el que la Justicia Federal le había entregado al juez como el celular oficial.

Imputados

Si bien la piedra del escándalo, por estas horas, tiene al juez Bento como jefe de una banda, también se encuentran imputados su esposa, Marta Boiza, por enriquecimiento y lavado y además los abogados Luciano Ortego, Martín Ríos, Matías Aramayo. El listado se completa, por el momento, con Walter Bardinella, Jésica Miere, Mariano Castro, Leandro Cirot, Eugenio Nasi, Javier Ortega, Juan Carlos Molina, Marcos Calderón, Omar Rodríguez, Juan Ignacio Aliaga -hijo del asesinado Diego Aliaga, cuyo crimen disparó está investigación- y Luis Álvarez. Precisamente Aliaga era un hombre de confianza del juez. Un vínculo que se remonta a 2009, cuando el Aliaga fue imputado por contrabando de mercadería, pero que terminó "beneficiado" por Bento en dos oportunidades: con una falta de mérito primero y con el sobreseimiento despuès. Lo que viene A futuro, pero no lejos en el tiempo, se espera que el Consejo de la Magistratura que ya tiene en sus manos parte del expediente de a conocer lo resuelto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia el juez federal Eduardo Puigdengolas, con asiento en San Rafael, suspendió la declaración del juez Walter Bento (con el patrocinio del abogado Mariano Cuneo Libarona) y extendió el secreto del sumario, mientras que rechazó el pedido del fiscal Dante Vega para inhibir todos los bienes de los acusados.
Una historia que al decir de un conocido abogado que por años subió las escaleras del edificio de España y Pedro Molina, transitó estos brillantes piso de mármol y visitó los lujosos despachos de jueces y magistrados "esto recién empieza". 

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