El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) renueva su preocupación por el continuo debilitamiento de la libertad de expresión en San Luis (Argentina), condición que afecta al funcionamiento del periodismo en esa provincia. 

La hostilidad hacia los colegas puntanos quedó nuevamente en evidencia esta semana y corrobora que el agravamiento de las actitudes excede a un solo poder del  Estado. Por un lado, el periodista Mario Otero acudió ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos para denunciar al gobierno de Alberto Rodríguez Saá por violar las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa. Por el otro, un dictamen de la Justicia complica la situación judicial de Diego Masci, condenado en 2020 a indemnizar a una funcionaria provincial.

En su denuncia, Otero expone fielmente cómo funciona el andamiaje de blindaje y censura de los Rodríguez Saá en San Luis, lo que ya había sido advertido por FOPEA en un informe difundido en 2011 (https://www.fopea.org/wp-content/uploads/2021/05/fopea-informe-san-luis.pdf). En el caso de Masci, el procurador general de esa provincia, Luis Martínez, firmó un dictamen mediante el cual rechaza el recurso de casación interpuesto por el periodista, con el objetivo de que la Corte local revise la condena por violación a la intimidad tras haber publicado un video de la ex ministra de Educación, Natalia Spinuzza (https://www.fopea.org/a-un-mes-de-la-condena-del-periodista-diego-masci/).

Es evidente que lejos de ceder,con el correr de los años aumenta en San Luis el clima de hostigamiento hacia la prensa y se afecta la calidad de la información que llega a la ciudadanía. En ese marco, FOPEA reitera que las autoridades de esa provincia condicionan severamente el libre ejercicio de la labor periodística, tarea amparada por la Constitución nacional y los tratados internacionales y protegida por varios fallos a nivel local e internacional.

A su vez, reclama otra vez al Poder Judicial local que revoque la arbitraria sentencia en contra de Masci, con la convicción de que el uso del derecho penal para sancionar la difusión de información es contrario al derecho a la libertad de expresión.