Piden seis años de prisión por distribución de material de abuso infantil

La causa comenzó en febrero de este año, cuando un informe del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos alertó a las autoridades argentinas sobre el intercambio de archivos con contenido sexual infantil desde una cuenta registrada en la provincia de San Luis. A partir de ese aviso, se realizó una investigación que permitió secuestrar más de un centenar de videos e imágenes en distintos dispositivos digitales.

Según explicó la fiscal adjunta Mercedes García, el material fue encontrado en teléfonos, pendrives y cuentas en plataformas como Google Fotos y Telegram. “Se verificaron además conversaciones en las que el acusado ofrecía y solicitaba videos a otros usuarios”, detalló. Para la funcionaria, este tipo de prácticas “perpetúan el daño a las víctimas, porque cada vez que se difunde ese contenido se las vuelve a revictimizar”.

Para la Fiscalía, la conducta del imputado demuestra un interés sistemático y sostenido, con una participación activa en redes para intercambiar imágenes y videos, lo que agrava su responsabilidad penal. La fiscal sostuvo que el acusado no solo almacenaba sino también facilitaba y distribuía el material, “perpetuando el daño de manera indefinida, ya que su difusión se vuelve imparable”.

Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal lo acusó formalmente por los delitos de facilitación y distribución de representaciones de partes genitales de menores de edad con fines sexuales, agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años, en concurso real.

La fiscal García también solicitó la prórroga de la prisión preventiva por 60 días para el imputado de 39 años ya que existe un grado de sospecha suficiente sobre la responsabilidad del imputado, respaldado por la evidencia digital recopilada durante la investigación, y advirtió sobre el riesgo procesal de fuga y entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, destacó la gravedad de los hechos imputados, la alta expectativa de pena y la existencia de otras dos causas en trámite en la Fiscalía de Género N° 1, también vinculadas a delitos contra la integridad sexual.

Solicitó una pena de seis años de prisión y la continuidad de la prisión preventiva, al considerar la gravedad del hecho y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. La jueza de Garantía dispuso mantener la medida cautelar y ordenó la elevación a juicio.