Las acciones de Xumek movilizan que la ONU ponga en agenda los abusos eclesiásticos

En el informe la organización le exige al Vaticano dar respuesta en un plazo de 60 días, una medida inédita que marca un antecedente sin precedentes: a partir de ahora, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas podrá exigir la adopción de medidas que impidan prácticas violatorias de derechos humanos por parte de las autoridades religiosas en todos los países del mundo.

En febrero del año pasado, un grupo de sobrevivientes del Instituto Próvolo junto a los abogados de Xumek Lucas Lecour y Sergio Salinas y miembros de la organización internacional ECA –por sus siglas en inglés Ending Clergy Abuse, que se traduce como “Poniendo Fin al Abuso Eclesiástico”- viajaron a Ginebra, Suiza, a presentar en persona una denuncia contra la Santa Sede ante Naciones Unidas.

Allí elevaron una denuncia contra la Santa Sede a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Específicamente, fueron recibidos por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Relator Especial sobre la venta y explotación sexual de niños, incluida la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y otros contenidos que describan abusos sexuales de niños, y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La sumatoria de delitos perpetrados contra los niños y niñas que vivían y estudiaban en el Instituto Próvolo de Mendoza es tan vasta que involucra a todos estos Relatores. 

En la denuncia se detalla el accionar de la Iglesia Católica en el caso Próvolo de Mendoza, principalmente aquellas medidas vinculadas a proteger a los abusadores, encubrir los delitos, obstaculizar las investigaciones penales y evadir las reparaciones debidas a las víctimas, perjudicando así los procedimientos de búsqueda de justicia. 

Hoy, un año más tarde, las Relatorías Especiales publicaron un informe sin precedentes (de allí el número: 1/21) dando un plazo de 60 días a la Santa Sede para que responda dando explicaciones, proporcione informes detallados e incluso modifique su normativa a fin de investigar con transparencia los abusos sexuales que ocurren en la Iglesia. 
En la comunicación, las y los Relatores de Naciones Unidas destacan abusos sexuales ocurridos en distintas partes del mundo, entre los que se mencionan de forma detallada los casos ocurridos en el Próvolo de Mendoza.

Con esta denuncia se pone en agenda internacional la conducta de la Iglesia Católica ante la pederastia clerical. 
A partir de ahora, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas podrá exigir la adopción de medidas que impidan prácticas violatorias de derechos humanos por parte de las autoridades religiosas en todos los países del mundo. 

Cuáles son los puntos observados por las Relatorías elevados al Vaticano:
1.    Proporcione detalles y, si corresponde, los resultados de cualquier investigación reciente, incluidas las judiciales o de otro tipo, y los enjuiciamientos en relación con el abuso sexual de niños (incluidos los adolescentes) por parte de miembros del clero de la Iglesia Católica.
2.    Sírvase informar si se ha adoptado normativa que establezca la obligación de notificar a las autoridades civiles, sin temor a represalias, todos los casos sospechosos de abuso sexual perpetrado por miembros de la Iglesia Católica, así como los casos de colaboración u ocultamiento de sus delitos. Indique si se han adoptado reglamentos para establecer la obligación de cooperar con las autoridades civiles y proporcionar la documentación necesaria relacionada con los casos sospechosos de abuso sexual.
3.    Sírvase informar si el Gobierno de Su Excelencia ha tomado alguna medida para derogar las reglas de los concordatos o acuerdos bilaterales que impiden que las autoridades civiles lleven a cabo investigaciones efectivas sobre abusos sexuales eclesiásticos.
4.    Sírvanse informar si se han adoptado medidas para prohibir la práctica de trasladar a miembros de la Iglesia católica acusados de haber cometido abusos a otras diócesis o instituciones eclesiásticas.
5.    Proporcione detalles de las medidas tomadas para detectar, responder y remediar todas las formas de violencia y abuso infligidos a los niños por miembros del clero de la Iglesia Católica. Indique en particular si existe un mecanismo de denuncia independiente para los casos de abuso infantil; control sistemático de comportamiento de miembros del clero en contacto con niños; y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia y los recursos, incluida la asistencia jurídica gratuita.
6.    Sírvase detallar las medidas adoptadas para garantizar la no repetición de los hechos denunciados anteriormente.
7.    Proporcione información sobre las medidas concretas tomadas para garantizar una investigación rigurosa y verificaciones de antecedentes de los miembros del clero de la Iglesia Católica que entran en contacto con niños.
8.    Informe si el Gobierno de Su Excelencia ha emitido una disculpa pública dirigida a las miles de víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica.
9.    Proporcione información sobre las medidas tomadas para garantizar que cualquier persona condenada por estar involucrada en abuso sexual sea eliminada de la jerarquía de la Iglesia.
Cabe resaltar que, en Mendoza, los hechos que dieron origen a la denuncia se siguen perpetrando día a día, a pesar de las condenas históricas dictadas contra los curas Corradi y Corbacho. 
Todavía siguen sin respuesta a los pedidos de informes que se han realizado desde la Fiscalía al Arzobispado, lo que permite la impunidad de otros delitos ocurridos en el Instituto Próvolo ante la falta de colaboración de las autoridades eclesiásticas. 

Asimismo, pese a que los hechos se encuentran acreditados mediante sentencia firme, aún no se ha logrado avanzar en las reparaciones civiles debido al entorpecimiento permanente que llevan adelante la Iglesia Católica y su representante Alberto Bochatey.

Continúan sin avances las denuncias contra el Emisario del Vaticano, Dante Simón, por el incumplimiento a una orden judicial que lo obliga a informar a la Fiscalía sobre las investigaciones internas que la Iglesia Católica había realizado con relación al Próvolo. 

La sentencia que condenó a los curas ordenaba medidas de reparación integral a las víctimas. En procesos judiciales normales, estas medidas demoran aproximadamente seis meses en hacerse efectivas. En el caso Próvolo, les sobrevivientes llevan más de un año esperando por ellas. Estas medidas buscan que se brinde opciones educativas o de capacitación formal a las víctimas según sus capacidades, necesidades y proyecto de vida, se de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, se garantice el acceso a becas, subsidios o programas de ayuda y se busquen soluciones a la problemática habitacional de sobrevivientes y sus familias. 

Si bien las Naciones Unidas y sus diversas instituciones no tienen poder punitivo sobre los países, incluyendo al Vaticano, su informe sienta un enorme precedente, además de ejercer la presión internacional para que los niños, niñas y adolescentes abusados por las personas que deben cuidarlos reciban, por fin, justicia.