Fopea advierte preocupación por la condena al periodista Diego Masci
El colega fue llevado a juicio y condenado por la publicación de una comunicación electrónica de Natalia Spinuzza, ex ministra de Educación de la provincia de San Luis, que se había viralizado en las redes sociales y que la misma funcionaria reconoció haber grabado y enviado a personas de su confianza.
Un derecho protegido por la Constitución Nacional Argentina
FOPEA reitera que la actividad periodística de quien difunde material de interés público y periodístico obtenido en forma lícita no puede ser sancionada de ninguna manera. Es un derecho protegido por la Constitución Nacional Argentina y los Tratados Internacionales.
Según la sentencia, el periodista no se encontraría amparado por la libertad de expresión porque el video que origina el caso, y que involucra a la funcionaria de gobierno, no revestiría de interés público, pues su contenido no estaría vinculado a su función pública ni a su vida pública. Tampoco habría un interés genuino de la sociedad en conocer esa información, de acuerdo al fallo.
FOPEA ratifica que el uso del derecho penal para sancionar la difusión de información es contrario al derecho a la libertad de expresión, según los estándares interamericanos en la materia. Además, la condena penal genera inhibición y autocensura en los periodistas y medios de comunicación en general. En este sentido, el fallo tiene efectos sistémicos negativos para la plena vigencia de la libre expresión y el ejercicio del periodismo en San Luis y en el resto del país.
Los funcionarios públicos, ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fontevecchia, se exponen voluntariamente al escrutinio de la sociedad. Este escrutinio puede abarcar no solo “el ejercicio de sus funciones sino también (…) aspectos que, en principio, podrían estar vinculados a su vida privada pero que revelan asuntos de interés público”.
En una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. FOPEA llama a la Corte Suprema de Justicia a revocar esta decisión que afecta gravemente el ejercicio de la libertad de expresión en el país.