Mendoza es la única provincia del país que tiene una ley en la que ningún empleado del Estado puede ganar más que el Gobernador.

AMProS solicitó la inconstitucionalidad de la norma y elevó una queja a la OIT, a la que el organismo contestó que modifica convenios colectivos de trabajo y es contraria a la negociación colectiva. 
Pero en el terreno empírico, las consecuencias son mucho peores y propician un desmantelamiento de la Salud Pública de la provincia, con profesionales calificados abandonando sus cargos en Mendoza y buscando mejores salarios en otras provincias y en otros países donde sí se reconoce su trabajo, su capacitación y su compromiso por la población más vulnerada.

Por eso decidimos comparar la formación profesional, el trabajo diario y los beneficios que tiene el actual titular del Ejecutivo Provincial con una profesional de la salud que trabaja de manera exclusiva para el Estado. Esta comparación sería igual de impactante si comparamos a cualquier funcionario de cualquier color político con cualquier profesional de la salud encargado de salvar vidas humanas.

Y hay más injusticias

Curiosamente la ley contiene excepciones de empleados públicos que sí pueden ganar más que el gobernador, como los jueces, el fiscal de Estado (quien en su momento redactó la ley), el asesor de Gobierno, el presidente y vocales del Tribunal de Cuentas, el contador y tesorero de Mendoza y el superintendente y los consejeros de Irrigación.
Hoy le preguntamos a los mendocinos, al Gobierno actual y sobre a todo a los jueces Julio Gómez, Pedro Llorente y José Valerio de la Corte Suprema de Justicia, quienes ganan más que el gobernador y hoy resolvieron que la norma es constitucional, qué tipo de provincia queremos tener. Una provincia que siga beneficiando a la clase política que, enriquecida, empobrece a los ciudadanos o una provincia que reconozca la formación profesional y el trabajo incansable de quienes, en este caso, se dedican a salvar vidas y a brindar salud a la población más postergada de Mendoza.

AMPROS