El diputado Emanuel Fugazzotto pidió informes a la Municipalidad de Santa Rosa por el sistema de fotomultas que implementará y por el alto valor de las cuotas de la educación privada.
Política17/10/2023
Redacción CuyoNoticias
El diputado provincial del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, elevó un pedido de informes a la Municipalidad de Santa Rosa, para que dé cuenta del sistema de fotomultas anunciado por la comuna.
Por otra parte, logró aprobar un proyecto de resolución para que Defensa del Consumidor intervenga contra los contratos leoninos de la educación privada, que obligan a los jóvenes estudiantes a pagar valores "abusivos" en las cuotas.
El legislador calificó como “un negocio” la instalación de fotomultas que el gobierno de Santa Rosa pondrá en marcha en breve en un tramo de la Ruta Nacional 7 que atraviesa ese departamento.
Además denunció que “miles de estudiantes son víctimas de aumentos elevados”, reclamando abrir una mesa de gestión entre y el sector privado para resolver esta problemática.
Sobre las fotomultas de Santa Rosa, Fugazzotto señaló que “solicitamos informes a la Municipalidad de Santa Rosa ante la avanzada del negocio de las fotomultas en el departamento, queremos saber si el procedimiento correspondiente a la instalación de las fotomultas está ajustado a derecho según lo que establece la ley nacional de tránsito”.
Recalcó que “entendemos que las fotomultas no reducen en nada los accidentes viales y que son netamente una manera de recaudar”.
Por otra parte, al referirse a la situación de los estudiantes de instituciones educativas privadas detalló que “logramos aprobar en la Legislatura el proyecto de resolución para que intervenga Defensa del Consumidor”.
Indicó que “queremos que esa repartición investigue la posibilidad de infracciones o que exista la posibilidad de constituir mesas de gestión entre los estudiantes y los centros educativos privados ya que han sido víctimas de aumentos sumamente elevados y condicionan la continuidad educativa.
Fugazzotto concluyó al respecto que “Defensa del Consumidor debe intervenir porque la educación es un derecho y el Poder Ejecutivo debe garantizar la prestación del servicio educativo”.
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