Cobran hasta $70 mil por cruces ilegales a Chile

Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos en Chile acusados de cobrar hasta 70 mil pesos a sus compatriotas para ingresar de forma irregular al país. El caso fue detectado por la Policía de Investigaciones tras un operativo que dejó al descubierto una maniobra con 13 personas involucradas.

Cómo operaba la maniobra

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de su Unidad de Migraciones y Extranjería en la ciudad de Los Andes. Allí, detectives lograron identificar a dos hombres que ofrecían un servicio ilegal a otros ciudadanos bolivianos.

Los imputados, identificados por sus iniciales como L.H.J.M. y V.H.A.Z., residían en San Felipe. Según la investigación, contactaban a personas que ya estaban en Chile de manera irregular. Les proponían una solución: salir del país y volver a ingresar para así regularizar su situación.

El ofrecimiento incluía la promesa de poder tramitar permisos laborales una vez concretado el reingreso. A cambio, cobraban una suma de dinero que podía alcanzar los 70 mil pesos por persona. El plan parecía simple, pero implicaba riesgos legales y migratorios importantes.

El traslado y el intento fallido

El sábado, los dos acusados reunieron a 13 ciudadanos bolivianos. Todos aceptaron el trato y pagaron el monto solicitado. El grupo fue trasladado en un furgón hacia Argentina, con la intención de cruzar luego nuevamente a Chile.

El recorrido se realizó a través del Paso Cristo Redentor, uno de los principales pasos fronterizos entre ambos países. Sin embargo, el plan no salió como esperaban.

Al llegar al complejo argentino de Horcones, las autoridades detectaron irregularidades en la documentación del vehículo. Por ese motivo, se les negó el ingreso y se los obligó a regresar a Chile.

Ese contratiempo fue clave. Al volver, el grupo quedó nuevamente bajo control de las autoridades chilenas. Fue allí donde comenzó a desmoronarse la maniobra.

La detección y las declaraciones

Al reingresar a Chile, personal de control migratorio en el complejo migratorio de Los Libertadores  notó una situación irregular. Las personas que regresaban no registraban un ingreso legal previo. Ese dato encendió las alertas.

Los detectives entrevistaron a los migrantes. En esas conversaciones, varios de ellos confirmaron que habían pagado dinero para participar del traslado. También explicaron el objetivo del viaje: intentar regularizar su situación migratoria.

Con esos testimonios, la investigación avanzó rápidamente. Se logró vincular a los dos organizadores con el traslado y el cobro del dinero. La evidencia permitió concretar su detención.

El caso dejó al descubierto un mecanismo que se aprovecha de personas en situación vulnerable. Migrantes que buscan una oportunidad y terminan expuestos a riesgos mayores.

La causa judicial

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. Allí, el fiscal Jorge Alfaro Figueroa les imputó el delito de trata de personas, contemplado en la legislación chilena.

Según explicó el fiscal, la maniobra no solo implicaba un cruce irregular. También incluía un aprovechamiento económico sobre personas que buscaban regularizar su situación. Ese punto es central en la calificación del delito.

El juez Raúl Valenzuela Rodríguez dispuso medidas cautelares mientras avanza la investigación. Entre ellas, el arraigo nacional, que les impide salir del país, y la obligación de firmar mensualmente en dependencias de Carabineros.

El plazo de investigación fue fijado en seis meses. Durante ese tiempo, se reunirán más pruebas para determinar responsabilidades y posibles penas.

Un fenómeno que se repite

Este caso refleja una problemática más amplia. El uso de rutas irregulares para el ingreso a países de la región. Y la aparición de intermediarios que lucran con esa necesidad.

Los pasos fronterizos como el Cristo Redentor son puntos clave. Por allí circulan miles de personas cada año. En ese contexto, detectar maniobras ilegales se vuelve un desafío constante para las autoridades.

Las organizaciones dedicadas a este tipo de actividades suelen adaptarse. Cambian rutas, métodos y estrategias. Por eso, los controles migratorios y las investigaciones son fundamentales.

También es importante el rol de la información. Conocer los riesgos puede evitar que más personas caigan en este tipo de situaciones.

Qué sigue en la investigación

Durante los próximos meses, la fiscalía buscará profundizar en el caso. Se analizarán comunicaciones, movimientos y posibles conexiones con otras redes.

No se descarta que existan más personas involucradas. Tampoco que este tipo de maniobra se haya repetido en otras ocasiones.

Los testimonios de los migrantes serán clave. También lo serán los registros de cámaras, controles fronterizos y cualquier evidencia digital.

Por ahora, los dos imputados permanecen bajo medidas cautelares. La causa sigue abierta. Y el caso ya se convirtió en un ejemplo concreto de cómo operan estas redes en la región.