La Fiscalía de Estado de San Luis le inició una denuncia penal a Carolina Agüero García, ex-secretaria de Medios, quien estuvo en el cargo hasta el último día de la gestión anterior, por delitos contra la Administración pública.

Según el escrito presentado por los abogados Juan José Chediack, y Santiago Calderón Salomón, en representación de la Fiscalía de Estado de San Luis, Agüero García habría protagonizado “negociaciones incompatibles al ejercicio de funciones públicas”, sin perjuicio de haber incurrido también en ‘malversación de caudales públicos’ y ‘peculado’. La responsabilidad penal podría extenderse también a la eventual participación criminal del personal contratado para servicios de logística, eventos y promoción.

Según Fiscalía de Estado, al ser designada secretaria de Comunicación, la estructura a su cargo, el presupuesto asignado y las partidas reacondicionadas facilitaron el acceso a los fondos públicos para favorecer emprendimientos cercanos, con lo que logró inducir contrataciones directas, incumpliendo con la ley que establece límites a esta práctica.

El 5 de noviembre de 2021 el entonces Programa Medios contrató a la empresa Servicios y Consultoría San Luis S.A.P.E.M. de manera directa para servicios de gestión publicitaria, cuya vigencia y retribución fue modificada por adenda suscripta por la exsecretaria de Comunicación luego de su asunción, el 16 de marzo de 2022.

“La funcionaria (por Agüero García), durante el periodo en donde desempeñó su cargo, se inmiscuyó y procedió a orquestar un sistema de prestaciones de servicios de promoción y difusión de actos institucionales direccionados a su expareja y progenitor de su hija, Mariano Alberto Viteri, dedicado a una actividad declarada en AFIP diferente a las tareas encomendadas. Desde el 23 de marzo hasta el 6 de noviembre del año pasado, sin excluir la posibilidad de que existan otras similares, utilizó a Servicios y Consultoría San Luis S.A.P.E.M. para que de manera directa y sin procedimiento licitatorio se beneficiara a personas vinculadas, autorizando 30 transferencias por un monto total de $102.328.467,01”, dice la denuncia.

Y no fue la única irregularidad: “El nomenclador tributario de la inscripción en cuestión indica que las facturas son de baja nominación y consecutivas, esto implica que las actividades comerciales o profesionales, eran prestadas a un solo cliente, el Estado provincial”, agrega. La misma operatoria se usó para direccionar y favorecer a la firma Pumas S.R.L., conformada en noviembre de 2019, cuya actividad principal, según la AFIP, es ‘…Servicios de Jardinería y Mantenimiento de Espacios Verdes. Alquiler de Vehículos Automotores sin Conductor, ni Operarios…’. Una empresa que, en base a datos no oficiales, figura con actividades conexas a la expareja de Agüero García.

“Las erogaciones de una prestación de servicio, en apariencia ficticia, comenzaron en diciembre de 2022 y se extendieron hasta noviembre de 2023, con un total de 18 transferencias por $89.882.758,83”, amplía el escrito, que agrega que “una trabajadora en relación de dependencia declarada por la sociedad mencionada, Jessica Soledad García, facturó Servicios de logística para la difusión de actos institucionales, en octubre y noviembre de 2023 por $4.507.604,53”.

Según Fiscalía de Estado, “claramente el esquema estuvo destinado desde el principio a desviar fondos públicos haciendo uso de mecanismos de contratación directa, sin reunir requisitos propios, para favorecer a personas y empresas cercanas”. Son al menos 30 las negociaciones incompatibles llevadas a cabo por la exsecretaria de Medios, por $196.718.830,37. Se trata de la liberación de fondos públicos a personas inhabilitadas en razón de un vínculo.

A esto hay que agregarle que, aunque la estructura operativa del área de Comunicaciones contaba con recurso humano disponible, decidió mediante una adenda (NdR: un añadido) modificar un Contrato de Servicios de Gestión Publicitaria con una S.A.P.E.M. e imputarle de manera preventiva al ejercicio futuro del año 2023 la suma de $956 millones, con el fin de habilitar la contratación directa y evitar los mecanismos de autorización administrativa y posterior control interno. Agüero García continuó con este accionar hasta el último día de su gestión.

Fuente: ANSL