Según informó el Diario Clarín, el fiscal federal Cristian Rachid requirió al Juez Juan Esteban Maqueda, el dictado de urgentes medidas cautelares "para evitar la comisión de delitos electorales". En las primeras horas de la tarde de este viernes, Maqueda le dio luz verde a todos los pedidos del fiscal, entre los cuales sobresale la prohibición al Gobernador de la Provincia y a todos los funcionarios públicos, hasta el 15 de noviembre de 2021(día posterior a la elección), de utilizar los fondos rotatorios “Cajas chicas”, para entregar dinero en efectivo en forma absolutamente discrecional.

Todo surge por una denuncia presentada por el  Comité Electoral del PRO, luego de los anuncios que hiciera Alberto Rodríguez Saa de un paquete de medidas de medidas económicas que pueden configurar un delito electoral, "consistente en el uso burdo y grosero de fondos públicos para financiar la campaña política del espacio kirchnerista Fuerza San Luis que dirige el Gobernador Alberto Rodríguez Saá a través la entrega de dinero en efectivo o bienes con el ánimo de revertir la derrota electoral de las PASO", indicaron.

La resolución del juez Maqueda, argumenta dar curso a la medida cautelar para evitar que haya una "vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a sus representantes, considerando que nos hallamos ante una inminente elección y sin perjuicio de los resultados que arroje la investigación en los términos del art. 146 y ss. del Código Electoral Nacional, podrían existir condicionamientos a los votantes de nuestro país".

Los programas que se deberán postergar hasta el 15 de noviembre contempla el pago de los nuevos planes sociales para los que se ha estado inscribiendo en los últimos días, cuyo monto es de 20.000 pesos y que se iban a empezar a pagar el 10 de noviembre; también que no se continúe con la operatoria de microcréditos de hasta 50.000 pesos, y el otorgamiento de subsidios a asalariados. 

La medida además alcanza al anunciado pago de los nuevos planes sociales para los que se ha estado inscribiendo en los últimos días, cuyo monto es de 20.000 pesos y que se iban a empezar a pagar el 10 de noviembre, y al uso de una partida de 5 millones de pesos de fondos rotatorios para cada ministerio, con la posibilidad de entregar subsidios en efectivo de hasta 50.000 pesos.

Una vez finalizados los comicios del 14 de noviembre, se "podrán continuar con dichas operaciones, sin perjuicio de la investigación penal que seguirá su curso tanto por los delitos electorales como por los delitos establecidos por el Código Penal para los Funcionarios Públicos", explicaron fuentes allegadas al caso.