El otorgamiento de tierras a mapuches debe hacerse legal
En esta línea planteo que “en el caso de otorgarse la posesión sea en el marco de la Constitución y las leyes que por derecho correspondan”.
Canale explicó que las comunidades argumentan la presencia ancestral de los pueblos originarios en el lugar, mencionando el artículo 18 del Código Civil y Comercial, que señala que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley”.
No obstante argumentó que “ la forma legal por la cual les otorgaron la posesión de dichas tierras a las comunidades mapuches fue a través de una Resolución, siendo una figura que requiere de otras características y acciones para traspasarles la “propiedad comunitaria” definitiva”.
Se trata de las Resoluciones 36/2023 y 42/2023 que reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Lof El Sosneado y de la Comunidad LofSuyaiLevft, pertenecientes al pueblo mapuche.
Falencias
Sin embargo, la diputada aclaró que “tales resoluciones, ignoran que ninguna de las dos comunidades está registrada legalmente aún, y por lo tanto ambas carecen, entre otras falencias, de la personería jurídica que las reconozca como tales”.
Como también, que “personas pertenecientes a dichas comunidades, tenían juicios perdidos con los propietarios dominiales de parte de las tierras que ocupan, incluso alguno de estos juicios llegó a la Suprema Corte de Justicia fallando a favor del propietario actual”, puntualizó Canale.
El pasado viernes 29 de enero, a través de una publicación del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional, mediante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo dependiente de la secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presidido por Magdalena Odarda, otorgó la posesión de 21.500 hectáreas a dos comunidades mapuches mendocinas, a través de dos resoluciones del mencionado Instituto.
Esta medida beneficia a las comunidades El Sosneado, del Departamento de San Rafael, y SuyaiLevfu, del Departamento de Malargüe, quienes reclamaban el reconocimiento sobre esas tierras bajo el argumento de su presencia ancestral en tierras cuyanas.