En estas horas y en estos días se está discutiendo un tema importante para el país, pero en sordina y sin grandes espacios en los medios: La ley de biocombustibles. 

Hay dos proyectos. Uno pretende prorrogar la ley anterior, sin mayores agregados. El otro pretende modificar el sistema actual para facilitar el acceso al mercado de las pequeñas y medianas empresas. 

Los continuadores de la ley actual 26093, cuyo vencimiento se produce en abril del 2021 -  encabezados por Mario Negri y los diputados nacionales de Córdoba que responden a Juan Schiaretti, a instancias de Cargill y Dreyfus - quieren que siga el mismo régimen que ya existía antes. Ese régimen ha servido para que las grandes empresas exportadoras de granos exporten grandes cantidades de biocombustible a Malta, un paraíso fiscal de población similar a San Luis.  

En cambio, el nuevo proyecto que propone el oficialismo nacional del Partido Justicialista -encabezado por Máximo Kirchner- quiere imponer a las grandes petroleras la obligación de comprar a Pymes locales un cupo mínimo de combustible para utilizar en la distribución local.

Las consecuencias de ambos proyectos son claros: el proyecto de las grandes exportadoras de granos es concentrar lo más posible el mercado, y continuar en ese estado de concentración sin dejar ingresar a los pequeños y medianos productores. El otro proyecto pretende asegurar legalmente los ingresos de las pequeñas y medianas empresas del interior en la mesa de discusión del mercado de granos, en un tema que está muy concentrado y extranjerizado en su decisión.

Pero en este debate,  lo que más visiblemente se marca en materia de decisión política son dos proyectos de país. Uno pretende desregular, liberalizar y dejar que las fuerzas del mercado decidan la compra y la venta de los granos en la Argentina, con la consecuencia de que los más grandes se impongan sobre los más pequeños. El otro proyecto pretende introducir al Estado como fuerza reguladora y favorecer la diversificación del mercado en materia de compra de granos tratando de reforzar la posición de las Pymes. 

Es necesario analizar que el mercado de biocombustibles ha pasado por enormes dificultades en 2020, como consecuencia  de la pandemia;  y ello se observa claramente en las estadísticas publicadas por la Secretaria de Energía,  donde los números demuestran que se ha bajado un 13% por ciento  las ventas totales de Etanol en un año,  y que en biodiesel ha sido peor,  con una caída de 50% de las ventas. De allí que el cuidado de las pymes en este momento es esencial para el país. 

En el caso de San Luis, hay empresas productoras de biocombustible a las que les convendría el proyecto del gobierno nacional,  porque les asegura una parte del mercado interno para su producto. Veremos entonces si los diputados nacionales de San Luis votan de acuerdo a los intereses de la Provincia o si por el contrario -en la lógica de la relación oficialismo-oposición-  estos diputados se atan a sus compromisos partidarios,  que son encabezados por los diputados de Córdoba. 

Fdo. Enrique Aníbal Costanzo
Presidente Partido Lealtad Sanluiseña