Mendoza: legislador pide informes si se construirá un barrio privado en el área protegida Manzano-Portillo de Piuquenes

Un pedido de informe presentado en la Legislatura mendocina por el diputado provincial Carlos Sosa (Frente de Todos-PJ) solicita que el Poder Ejecutivo Provincial brinde detalles acerca de la construcción del proyecto Cerro Punta Negra, que en diferentes etapas prevé instalar un complejo turístico con tres centros de esquí en un gran segmento de la Cordillera de los Andes perteneciente a la Reserva Natural Manzano-Portillo de Piuquenes, en el Valle de Uco, que abarca los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

El proyecto de resolución respectivo –contenido en el expediente Nº79.966 de la Cámara Baja y que pasó a la Comisión de Economía, Energía, Minería e Industrias para ser abordado– fue motivado por los rechazos que cosechó por parte de la mayoría de los más de 650 asistentes que participaron en la audiencia pública de casi siete horas que trató los proyectos Cerro Punta Negra (Club House) y Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta Negra, el viernes 14 de mayo.

Quienes objetan la ejecución del megaemprendimiento inmobiliario cuestionaron en la ocasión los impactos negativos que tendrá sobre la fauna, la flora, el paisaje y los recursos hídricos de esa zona preservada, y pusieron en duda los beneficios de la obra al remarcar dictámenes negativos existentes sobre el proyecto.

Es por esto que el también presidente de la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales de Diputados les pide a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, los ministerios de Economía y Energía, de Planificación e Infraestructura Pública, y de Cultura y Turismo, y cualquier otro organismo involucrado que den a conocer algunos aspectos relacionados con el emprendimiento en cuestión.

Contra impactos no deseados

Entre los puntos referidos, Sosa indaga si el proyecto “se encuentra emplazado en una zona de riesgo aluvional, avalanchas y desprendimientos”. Con relación al arroyo que se encuentra en esa área, quiere saber acerca del “estado de avance del estudio hidrográfico específico sobre la utilización de la cuenca”, los impactos “sobre la cabecera de cuenca y los regantes aguas abajo”, la “autorización del Departamento General de Irrigación para el uso del agua” y las “previsiones sobre un área de amortiguación en torno al cauce”.

Además busca conocer “el impacto ambiental del proyecto sobre el área preglaciar y el plan de manejo de la reserva”. En cuanto a la planta de tratamiento de aguas grises y negras, su “localización y sistemas de protección en áreas críticas”. Y respecto de la microcentral hidroeléctrica, su “localización, impacto de la creación de senderos y caminos para la instalación de cables, y distribución de la energía generada”.

Asimismo inquiere “si existen planteos judiciales por superposición de títulos de propiedad en esos terrenos y, de ser así, detallar los casos”. Y sobre el loteo de 20 parcelas previsto, “si existe un pedido de cambio de uso del suelo mediante el mecanismo de la excepción, si supone un subparcelamiento para la venta a terceros de lotes destinados a la construcción de viviendas y si prevé una ocupación temporal mediante alquiler o permanente, con habitantes establecidos” al estilo de un barrio privado.

También se enfoca en la preservación de la flora, la fauna y los sitios arqueológicos al pedir especificaciones sobre la “biodiversidad en riesgo, el plan de revegetación, las plantas exóticas que se incorporarían al paisaje y su efecto directo sobre la modificación del paisaje y la biodiversidad existente, y el plan de preservación de sitios arqueológicos y posibles desconocidos paleontológicos”. 

Controles sobre las obras

El “tipo de control que ejerce el Estado sobre el emprendimiento en las distintas etapas de la obra y en su funcionamiento una vez finalizada” es otro de los temas requeridos, así como “categoría y tipo de construcción del resort y del club house” a construir, “superficie de ocupación” y “estado de avance del informe de zonificación”. 

Simultáneamente desea saber si para el público en general “habrá libre acceso a la zona de montaña, si se admitirá el acceso del turista mendocino a áreas comunes de entretenimiento y pistas de esquí”, y la “cantidad y tipo de proveedores y mano de obra local que se empleará”.

Centrándose en los pasivos ambientales (daños ecológicos), solicita que los responsables den a conocer el “seguro ambiental, el plan de mitigación y el plan de remediación” que posean. 

Acerca de la empresa impulsora, pide datos sobre “propietarios, tipo de sociedad, origen del capital e inversores, antecedentes de imposición de multas previas y grado de cumplimiento, y uso del nombre de profesionales sin su previa autorización en informes vinculados con este u otros proyectos”.

El apartado final hace foco en que la Provincia “detalle incompatibilidades existentes” con las leyes Nº8.400 de Creación de Área Natural Protegida Manzano-Portillo de Piuquenes; Nº6.045 de Protección de Áreas Naturales Provinciales, Nº8.845 de Turismo de Mendoza y Nº8.051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, además del Proyecto de Huella Turística de la Municipalidad de Tunuyán. 

Dictamen técnico negativo

El proyecto turístico-inmobiliario Cerro Punta Negra ya recibió un dictamen técnico negativo por parte del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (Iadiza) –única autoridad competente para ese tipo de evaluación ambiental según el artículo 59º de la ley Nº6.045– porque “existen peligros de procesos relacionados con la remoción de masa y hay una ausencia de un estudio hidrográfico específico y de gestión de riesgos”.

También, porque “ocasiona impactos graves y permanentes sobre la biodiversidad, sobre circuitos económicos activos, sobre todo de pobladores locales; fuerte influencia hacia el acceso a los bienes naturales, efectos negativos y posible contaminación sobre el recurso hídrico, impacto irreversible sobre el patrimonio arqueológico y desconocimiento paleontológico”.

Más consideraciones y omisiones

En contraposición, el informe de impacto social de la empresa responsable expresó que “cada etapa del emprendimiento inicia en enero de cada año y finaliza en diciembre. Además, anualmente se van habilitando los servicios que brindan proporcionalmente al avance. Con ello, plazas disponibles y puestos de trabajo se generan a medida que avanza la construcción”.

Por su parte, la Universidad Champagnat emitió una manifestación ambiental de evaluación positiva con observaciones.

A la vez, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia, Humberto Mingorance, en declaraciones a la prensa resaltó que esta repartición sólo hace “la evaluación de impacto ambiental y la audiencia pública” y que “sobre el proyecto hablan desde el Ministerio de (Cultura y) Turismo”. Mientras, esta cartera no se había expedido públicamente al respecto a la hora de ser presentado el pedido de informe en la Legislatura. 

La audiencia pública

Durante la audiencia pública, la empresa Uco los Tres Valles describió su propuesta de construcción como “compatible con el área protegida”, destacó la creación de puestos de trabajo, la dinamización de proveedores locales, el reúso del agua tratada para sanitarios y la revegetación con flora autóctona y exótica, más la devolución al cauce del arroyo del fluido utilizado en la microusina hidroeléctrica. 

Consideró asimismo que la evaluación del Iadiza sobre el proyecto se ajustó al “principio precautorio” que establece que, en caso de duda sobre la afectación ambiental, una evaluación técnica debe inclinarse a favor de la protección del ambiente mediante un dictamen negativo.