La denuncia se basa en los hechos que se dieron a conocer la pasada semana, respecto de un "convenio de colaboración entre el Gobierno provincial y la Fundación Acción Social", por la suma de al menos 18 millones de pesos. En el documento se pide a la Justicia que se averigüe sobre la posible comisión de los siguientes delitos:

a) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Art. 265 del CP), delito que se configura ante el involucramiento en contratos u operaciones públicas para beneficio propio del funcionario que debe intervenir.
b) Enriquecimiento ilícito de funcionarios (Art. 268 (2) CP);
c) Malversación de caudales públicos (Art. 261 segundo supuesto CP).
d) Cohecho y tráfico de influencias (Art. 256 CP).

En las sucesivas páginas se resumen los hechos y se incorporan las declaraciones periodísticas del ex senador Héctor Bonarrico, en las que él reconoce que la donación que iba a efectuar la provincia a favor de su fundación se hacía en cumplimiento de un acuerdo político que hizo su Partido Movimiento de Acción Social (MASFE) con Cambia Mendoza por el cierre de candidaturas de las últimas elecciones (en las que MASFE no llevó candidatos ni Bonarrico se presentó para renovar su banca en el senado). Bonarrico manifiesta en la entrevista: “Esto fue parte del acuerdo que MásFe hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas”, dijo el pastor.

En el escrito presentado por Fernández Sagasti se apunta a que el gobierno provincial busca desviar la investigación y culpar solamente a Hector Hugo Bonarrico, con la presentación que hizo el Ministro Victor Ibañez por “tentativa de fraude al Estado”. «Este Ministro ha firmado todos y cada uno de los actos en los que se funda la denuncia. Si Bonarrico ha cometido un delito, Ibañez ha sido coautor del mismo necesariamente. Es totalmente absurdo el planteo de desconocer cuál ha sido la motivación del convenio de colaboración que no es más que el acuerdo político y electoral que realizaron para defraudar al Estado», argumenta la denuncia.

Otro punto que se destaca es que la marcha atrás del otorgamiento del subsidio de ninguna manera exime de responsabilidad a los denunciados en el escrito o de ser investigados por el hecho.
Finalmente se adjuntan pruebas y se solicita que la Justicia pida informes sobre distintos puntos para avanzar en la investigación.