San Luis reduce la feria judicial desde 2026

La Legislatura de San Luis aprobó una ley que reduce la feria judicial y redefine el esquema de recesos a partir de 2026. La norma fija dos semanas en enero y una en mitad de año, con el fin de mejorar la continuidad del servicio y disminuir demoras en la resolución de causas.

Una reforma judicial con amplio respaldo
La Cámara de Diputados votó el proyecto con 27 votos afirmativos y ninguno en contra. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo y se debatió durante varias semanas en comisiones. El objetivo central fue encontrar un consenso amplio que incluyera actores políticos, profesionales del derecho y representantes del sistema judicial. El resultado fue un texto acordado, considerado un paso relevante para ordenar la actividad del Poder Judicial frente a períodos de inactividad prolongada.

Un cronograma definido por el Superior Tribunal
La nueva ley establece que el Superior Tribunal de Justicia será el encargado de fijar las fechas exactas de los recesos. También determina que durante esos períodos no correrán los plazos procesales y se mantendrá la atención de asuntos urgentes mediante magistrados y funcionarios designados. La implementación será gradual: entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2026, lo que otorga un año de adecuación para reorganizar la estructura interna y preparar a los distintos organismos judiciales y profesionales.

Un diálogo institucional que allanó el camino
El proyecto surgió de una agenda de trabajo impulsada por el gobierno provincial. Participaron el gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza, el presidente de la Cámara de Diputados Alberto Leyes, autoridades de los bloques oficialistas Eugenia Gallardo y Martín Olivero, y representantes de los colegios de abogados, magistrados, trabajadores judiciales y el Colegio Forense. Estas reuniones permitieron evaluar el impacto de los recesos extensos, revisar experiencias previas y definir ajustes que no afectaran derechos laborales ni períodos de descanso, sino que optimizaran la organización del servicio.

Las razones detrás de la reducción del receso
La discusión se centró en la necesidad de contar con un sistema judicial que garantice atención continua y accesible. Hasta ahora, las largas ferias, sumadas a fines de semana y feriados, acumulaban causas y generaban demoras en expedientes sensibles. Los legisladores coincidieron en que la mora judicial afecta a los ciudadanos y limita la eficacia del servicio. La presidenta del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, remarcó que un sistema lento pierde capacidad de respuesta y genera desigualdades. La reforma busca evitar interrupciones prolongadas y sostener la actividad durante todo el año con una estructura planificada que asegure el tratamiento de temas urgentes.

Impacto en la organización y en el ejercicio profesional
La normativa no elimina derechos adquiridos ni recorta los descansos de los trabajadores judiciales. Su propósito es reorganizar el esquema actual, equilibrar los tiempos de receso y garantizar la atención de trámites esenciales. El año de transición permitirá adaptar calendarios internos, redistribuir equipos de trabajo y actualizar procedimientos para que los plazos se cumplan con mayor regularidad. Para los abogados, implica ajustar estrategias procesales y planificación profesional, asegurando continuidad en la presentación y seguimiento de causas. El diseño apunta a una estructura más dinámica y con menos períodos de paralización.

Proyección y próximos pasos
Desde los bloques que acompañan al gobierno provincial, la diputada Luciana Perano señaló que seguirán trabajando en proyectos destinados a reducir la mora judicial y mejorar la eficiencia interna del sistema. La reducción de la feria se considera un punto de partida para avanzar en reformas complementarias que agilicen trámites, modernicen herramientas y refuercen la accesibilidad. La expectativa oficial es que la medida permita un funcionamiento más estable, con menos acumulación de expedientes y con tiempos de respuesta más previsibles para la ciudadanía. Con este nuevo marco normativo, San Luis busca consolidar un servicio judicial activo, ordenado y focalizado en la atención continua de las necesidades de la población.