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Con las violaciones a la libertad de prensa y las censuras y amenazas que reciben periodistas de todo el mundo, la Conferencia por el Día Mundial de la Libertad de Prensa que anualmente impulsa la Unesco comenzó el pasado lunes 2 de mayo.
Opinión04/05/2022Este año, su edición se realiza en Punta del Este, Uruguay, y en su jornada de apertura, titulada “El periodismo bajo el asedio digital”, la directora general de Unesco, Audrey Azoulay, marcó el eje de la discusión de la charla de apertura: “La libertad de prensa no es la libertad individual de cada periodista, es la libertad de todos que hace posible el diálogo democrático”.
Un poco de contexto
Shoshana Zuboff, autora de “La Era del Capitalismo de Vigilancia”, explicó el contexto actual de las amenazas a la libertad de prensa: “Hace apenas dos décadas el 25% de la información era digital, pero ahora nada escapa a internet”. Los gigantes capitalistas como Google y Apple son los propietarios de toda la información de los usuarios de internet. Toman sin pedir los datos humanos a escala global para la publicidad dirigida (“lo que habitualmente se llama robo”, ironizó), para predecir el comportamiento de las personas y mejorar las ventas.
Según Zuboff, esta maquinaria de “robo de datos” trabaja con cantidades masivas sin discriminar el contenido corrupto o falso: “Los hechos y las verdades no están en este cuadro, porque la integridad de la información no tiene importancia para los ingresos de dinero. Incluso la información corrupta ha demostrado ser muy buena para los negocios”. Así se fue construyendo “un ambiente para que oligarcas y autócratas” creen campañas de desinformación sin ser sancionados. Este es el punto crítico para empezar a entender el destino y uso de los datos personales que circulan y cómo este fenómeno obstaculiza y debilita el trabajo de los periodistas.
Vigilancia solapada
Para Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, “es muy peligroso lo que está ocurriendo”, desde el robo de datos personales a los usuarios de las redes sociales, hasta la vigilancia dirigida a periodistas. Cientos de ellos y también defensores de los derechos humanos han sido víctimas de spywares que recaban información de sus dispositivos sin que ellos lo sepan. Y “las empresas que venden estas herramientas nos dicen que solo las venden a los Estados, y los Estados nos dicen que solo las usan contra el terrorismo”, dijo la relatora. A lo que sumó la “perspectiva de género”, ya que las conversaciones que tienen las mujeres periodistas son usadas para “campañas de desinformación en su contra; para vigilarlas, amenazarlas y agredirlas”. Esto, sentenció, “mata al periodismo”.
Un ejemplo es el de Claudia Duque, periodista de investigación colombiana, que hace más de 20 años vive en carne propia el desarrollo de las tecnologías de vigilancia. A Duque la secuestraron en 2001. Los captores sabían con detalle sus movimientos y tenían información sobre sus investigaciones periodísticas. También sufrió violencia psicológica, por lo que el gobierno colombiano le ofreció servicios de seguridad para su protección. Luego descubrió que el coche blindado que le dieron tenía varios dispositivos de espionaje que se conectaban a su teléfono móvil sin su consentimiento.
“En seis meses recolectaron más de 25.000 datos de mis movimientos. Hace 17 años necesitaban poner varias personas para recolectar 3.000 páginas, hoy solo con unos dispositivos pequeñísimos lo saben todo de mí”, contó la periodista. En un país que tiene 110 periodistas bajo protección, Duque reflexionó: “Yo no soy guerrillera, narco o terrorista, ¿para qué el Estado vigila a los periodistas?”.
Según Duque, “la tecnología hace que el Estado nos vigile de forma más solapada. Los jueces de la república nos dicen que debemos agradecer que estamos vigilados y protegidos, como si esto fuera un favor que nos hacen y ni siquiera tenemos acceso a esos datos”.
“Accountability”
Marcelo Bechara, director de Relaciones Institucionales de Grupo Globo de Brasil, consideró que “las empresas mediáticas tienen la responsabilidad de proteger a sus profesionales”. En Globo tienen un programa obligatorio para periodistas a través del cual se comprometen con la cultura de la información y denuncian ataques en su contra. Por su parte, Khan hizo hincapié en la responsabilidad de los gobiernos: “hay reglas y pautas en las que los gobiernos pueden establecer prácticas de vigilancia, pero también deben ser monitoreados y regulados”.
Desde su experiencia como periodista asediada, Duque consideró que los Estados deben rendir cuentas: reconocer las acciones de infracción a la privacidad de los periodistas, y darles a estos hechos el nivel que tienen. “Son la violación de derechos humanos más masiva que sufrimos los ciudadanos. Hay que elevarla a un crimen mayor, y darles sanciones de carácter penal, no solo civil. Es más fácil que nos indemnicen por una violación a la privacidad que conseguir una pena. En lo judicial hay mucho desconocimiento de la conexión entre violar la privacidad de un periodista y torturarlo”.
También puso el foco en compañías privadas como Whatsapp o Twitter, que deben hacer un “mayor trabajo para parar y sancionar los discursos de odio”. Para terminar la charla, habló sobre las empresas que venden tecnologías de espionaje: “debería ser obligatorio cancelar la cláusula de confidencialidad, no puede ser que no sepamos quiénes compran esta tecnología para atacar a periodistas y con qué fines lo hacen”.
Por Florencia Pagola, periodista freelance uruguaya. Escribe sobre derechos humanos, feminismos y género. Colabora con La diaria y Pikara Magazine.
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