"Hay personas del conurbano que ya se autoperciben mapuches"

Presentarán pedido de informe ante el Ministerio de Seguridad de la Nación para que explique en el Congreso “la corrupta y fraudulenta actuación de la Dirección de Seguridad y Fronteras entre 2003 y 2015 en Chubut y Santa Cruz”.
Los senadores nacionales Alfredo Cornejo e Ignacio Torres, junto al auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto dieron detalles sobre los alcances de la demanda penal presentada contra el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, por el tema de los pseudo mapuches. Además, explicaron que el caso de Mendoza no es el único en el país, siendo Río Negro y Neuquén dos de las provincias más afectadas.

A modo de ejemplo, Alfredo Cornejo mencionó que “en Río Negro están reclamando más del 50% de su territorio, en Neuquén más de un tercio y en Chubut están surgiendo temas nuevos”.

El senador detalló que “este es un tema de alcance nacional. Los porteños y la elite política y empresaria sindical de Buenos Aires deben empezar a tomar en serio este problema, tanto como el del narcotráfico en Rosario o como lo es la inflación en todo el país. Este problema corroe las bases mismas del Estado Nación y de la soberanía. A su vez influye sobre nuestro desarrollo económico, que por esas casualidades buena parte de los territorios que se reclaman contienen muchas riquezas, en materia minera y de gas, y cuentan con una enorme potencialidad de negocios”.

“Soy el primer sorprendido de lo que ha pasado en Mendoza. Nunca pensé que se podría llegar a este nivel”, dijo Cornejo al referirse a la entrega de 30 mil hectáreas de tierra “a algunas ONG’s en situación sumamente irregular en algo que no se ajusta a la legislación ni a la Constitución Nacional”.

A su turno, Ignacio Torres aseguró que “hay cuestiones que no deberían de tener grietas sobre todo cuando hablamos de soberanía. Vemos con profunda preocupación que ciertos hechos que estaban encriptados, por ejemplo en Río Negro o en Chubut, han comenzado a escalar”. De esta manera, señaló que no solo la violencia va en aumento sino también “la avanzada de un gobierno que decide relativizar este problema”.

En ese sentido, Ignacio Torres indicó que “nadie puede tomar tierras que no le corresponden, nos preocupa que el gobierno siga mirando para el otro lado y el negocio inmobiliario que hay detrás de quienes se embanderan detrás de la premisa de pueblos originarios”.

Pichetto, por su parte, aseguró que “los kirchneristas, siempre que pueden hablan de Malvinas y la soberanía, pero hacia adentro del territorio argentino hacen una política de entrega”.

El también precandidato a presidente admitió que si bien podría haber pueblos aborígenes argentinos involucrados, insistió en que los mapuches “vinieron de la Patagonia chilena” y que fueron “un pueblo invasor. Estamos ante un verdadero disparate”.

Pichetto explicó que “hay muchas personas del conurbano que ya se autoperciben mapuches. Hay más de 1000 ahora que están reclamando tierras a lo largo y a lo ancho del país. En el Sur se le suman hechos de violencia. Son grupos peligrosos que utilizan el sabotaje, la agresión a privados, quema de propiedades, entre otras”.

Para cerrar, Cornejo manifestó estar convencido de que no todos los integrantes del Gobierno Nacional están de acuerdo con esta decisión del INAI pero que “lo toleran para mantener la unidad del Frente de Todos haciéndose los distraídos. Este es el problema de este gobierno. No hay una orientación clara sobre las principales complicaciones del país. Se mantienen unidos solo para conservar el poder y no para resolver los problemas de todos los argentinos”.

Pedido de informes para investigar un entramado de corrupción en Zonas de Seguridad de Fronteras
Durante la conferencia mencionaron que Cornejo y Torres elevarán un pedido de informes ante el Ministerio de Seguridad de la Nación para que su titular, Aníbal Fernández, dé cuenta ante el Congreso de la Nación de la corrupta y fraudulenta actuación de la Dirección de Seguridad y Fronteras entre 2003 y 2015 en Chubut y Santa Cruz.

El fiscal federal Eduardo Taiano y la jueza María Servini de Cubrían están investigando la realización de, al menos, otras tres supuestas ventas espurias de campos durante aquel período en Zonas de Fronteras -con similar operatoria de entrega de tierras de valores millonarios y de alta sensibilidad para la seguridad nacional- a mapuches para su posterior reventa a extranjeros, quienes interponían sociedades “pantalla” y usaban testaferros y documentos falsos.

Asimismo, los legisladores solicitaron al INAI informes relativos a las entregas de tierras fiscales ubicadas a supuestos miembros de la comunidad mapuche en Chubut, Río Negro y Santa Cruz.

También se pedirán explicaciones al Renaper respecto a la emisión de los documentos falsos para los compradores de las tierras, operación que resulta altamente preocupante, sobre todo a la luz de las recientes investigaciones respecto a la emisión de documentación irregular a ciudadanas rusas para otorgar domicilios falsos a nombre de indigentes o “prestanombres”.

El caso de la estancia “Mamul”

Pichetto, Cornejo y Torres también presentaron el caso de una venta apócrifa de tierras en la zona del Lago Rosario (Chubut), cuyo territorio corresponde a la municipalidad de Trevelin. Allí, en el 2000, el entonces intendente local, Carlos Hugo Mantenga (dirigente kirchnerista que actualmente se desempeña como presidente del bloque de legisladores provinciales del Frente de Todos), simuló una venta por U$S 35.000 de la estancia “Mamul”, de alrededor de 20.000 hectáreas e integrada por tierras fiscales, a falsos descendientes de mapuches.

Siete años después, ese mismo campo fue vendido por U$S 7,8 millones a un oligarca ruso, Alexander Katunin, quien utilizó un pasaporte argentino adulterado para la compra. El pago (que en la demanda del caso es entendido como una coima hacia el ex intendente Mantenga) fue realizado en Andorra, un paraíso fiscal.

Se estima que, actualmente, la estancia “Mamul” tiene un valor de mercado de U$S 100 millones. Su terreno incluye el 45% del lago Rosario, una de las reservas de agua dulce más grandes del país, en donde se realizan diversas actividades económicas y recreativas.