Reclaman a Cornejo por no convocar elecciones

La provincia de Mendoza sostiene desde 1983 un proceso democrático ejemplar, respaldado por una Constitución Provincial que prohíbe las reelecciones indefinidas y garantiza la alternancia de poder, pilares fundamentales del sistema republicano. Sin embargo, esa tradición se ve hoy cuestionada por la falta de convocatoria a elecciones legislativas provinciales, una decisión que el gobernador Alfredo Cornejo aún no ha tomado y que ha generado una fuerte reacción institucional y política.

La senadora provincial Adriana Cano anunció que el Partido Justicialista presentará en las próximas horas una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, exigiendo que se declare la inconstitucionalidad por omisión frente al incumplimiento de esta responsabilidad institucional.

“Mendoza no sabe cuándo vota, y eso no solo afecta a la ciudadanía, sino que también obstaculiza la organización democrática de los partidos políticos”, denunció Cano. El recurso judicial también incluirá una declaración de certeza, solicitando que la Justicia emplace formalmente al gobernador a definir si se votará en simultáneo con los comicios nacionales.

Aunque Cornejo cuenta con plazo legal hasta el 18 de julio para convocar las elecciones, Cano advirtió que el uso discrecional de ese margen está siendo utilizado con fines partidarios: “Está esperando que se resuelva su interna con Petri y sus acuerdos con Milei. Mientras tanto, perjudica gravemente al resto de las fuerzas políticas”, expresó.

Además, la legisladora denunció que la reciente extensión de la suspensión de las PASO hasta 2026 se realizó sin debate previo en la Legislatura: “Esto es parte de una estrategia para debilitar la participación ciudadana y consolidar el poder del Ejecutivo”, sostuvo.

Por su parte, el senador Pedro Serra ironizó sobre la supuesta demora estratégica: “El problema es que Cornejo no sabe si ponerse la peluca o no. Está especulando con su interna personal y nos arrastra a todos los partidos con su indecisión”, dijo, en alusión a las negociaciones políticas del oficialismo.

Ambos legisladores coincidieron en que el argumento del ahorro, utilizado por el Ejecutivo, es una excusa para ocultar una maniobra de manipulación política: “Se está alterando el juego democrático en una provincia que, por su historia institucional, no puede permitirse estos atropellos”, afirmaron.

Desde 1983, Mendoza ha sido reconocida por su madurez institucional, su respeto por los límites al poder y por haber consolidado una de las democracias más respetadas del país. Hoy, la falta de certeza sobre un acto tan elemental como la convocatoria electoral pone en juego no solo los derechos políticos de la ciudadanía, sino también los principios sobre los que se construyó la democracia mendocina.