Murió en Mendoza el ex juez Otilio Romano

En horas de la madrugada de hoy miércoles falleció el ex juez federal Roque Otilio Romano, quien fuera condenado - junto a Luis Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret (también fallecido) y Rolando Evaristo Carrizo— por delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura militar.

El ex magistrado, que tenía 80 años, sufría de diabetes y era insulino dependiente, sumado a un edema pulmonar que obligó, hace unas semanas, a su internación en un sanatorio mendocino; sin embargo, hoy murió en su casa, donde cumplía detención domiciliaria desde hace varios años.

En el año 2017, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza lo condenó, en un juicio llamado histórico, a prisión perpetua junto a los otros magistrados que, durante años, compartieron pasillos despachos en los tribunales federales en la provincia, por encontrarlos responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, dando así final a un proceso judicial que se extendió por más de tres años.

De magistrado a prófugo

Romano se desempeñó como fiscal federal entre 1975 y 1983, año en que fue designado juez de la Cámara de Apelaciones y desde donde mantuvo a un alto poder de mando del edificio de España y Pedro Molina. Sin embargo, y como producto de la investigación que se realizaba sobre su complicidad con la dictadura, presentó su renuncia a la Cámara en 2010, pedido que no fue aceptado.

Más tarde y acompañado por Luis Leiva, ex juez federal también destituido, se fugó a Chile, donde pidió asilo por considerarse perseguido político. Reclamo que le fue negado, por lo que tras ser detenido por Interpol lo extraditaron a la Argentina en septiembre del 2013.

El Consejo de la Magistratura lo destituyó de su cargo de juez y perdió el beneficio de la jubilación. Además fue el único de los exmagistrados que transitó el proceso judicial en prisión preventiva. A partir de su deteriorado estado de salud, le otorgaron prisión domiciliaria en 2016. En 2017, en un fallo histórico, fue condenado a prisión perpetua por haber sido cómplice de crímenes de lesa humanidad mientras ejercía su función de magistrado en la Justicia Federal.

Tres años más tarde, fue sentenciado por segunda vez en la Justicia Federal de Mendoza, de la que fue referente por ser integrante de la Cámara Federal de Apelaciones.