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Definen terna para Fiscal General en San Juan

El Consejo de la Magistratura elevó a Diputados la terna de candidatos para ocupar el cargo vacante de Fiscal General de la Corte de Justicia.

Política14/10/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

50983075522_7125aee996_oEl Consejo de la Magistratura de San Juan definió este martes 14 de octubre la terna de postulantes para cubrir el cargo vacante de Fiscal General de la Corte de Justicia. La resolución fue adoptada en una reunión presidida por el ministro de la Corte, Dr. Juan José Victoria.

Integrantes del organismo y proceso de selección
El cuerpo estuvo conformado por el Dr. Raúl Eduardo Acosta y la abogada María Valeria Torres, en representación del Foro de Abogados; la ministra de Gobierno, Dra. Laura Palma, en nombre del Poder Ejecutivo; y la diputada Dra. Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.
El Consejo evaluó antecedentes y méritos profesionales de los aspirantes antes de elevar la propuesta final a la Cámara de Diputados de la provincia, que será la encargada de realizar la designación definitiva.

Los tres candidatos propuestos
La terna aprobada quedó integrada por el Dr. Guillermo Francisco Baigorrí, actual juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo del Poder Judicial de San Juan; el Dr. Rolando Aníbal Lozano, secretario relator de la Fiscalía General; y el Dr. Matías Rogelio Senatore, coordinador administrativo de la Oficina Judicial Penal.

Etapa siguiente: evaluación legislativa
Con la terna ya oficializada, la Cámara de Diputados deberá analizar los antecedentes de los tres postulantes y definir, en sesión, quién ocupará la jefatura del Ministerio Público ante la Corte de Justicia.
El cargo de Fiscal General es clave dentro de la estructura judicial, ya que tiene a su cargo la dirección de las políticas del Ministerio Público y la representación del interés general en las causas judiciales.

Continuidad institucional
Desde el Consejo de la Magistratura destacaron que el proceso de selección se desarrolló conforme al reglamento vigente y con criterios de transparencia, garantizando la participación de los tres poderes del Estado en la decisión.

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