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Este jueves se cumplirá un año de conocida la investigación iniciada por el fiscal Dante Vega contra el magistrado, que lo imputó de ser el presunto jefe de una asociación ilícita de una banda liderada desde su despacho en el tercer piso de los Tribunales Federales y que hasta ahora suma una treintena de involucrados convirtiendo el caso en el mayor escándalo de la Justicia.
Policiales01/05/2022 Eduardo Luis AyassaEl 15 de junio de 2005, en una nota (mensaje 656) enviada al Senado de la Nación, con la firma de Néstor Kirchner y Horacio Daniel Rosatti, se expresa textualmente: "Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del Juez del juzgado federal de Primera Instancia Nro. 1 de Mendoza, Provincia de Mendoza, doctor Walter Ricardo Bento".
Y así, el 20 de septiembre asumió con el aplauso de sus colegas, magistrados, funcionarios, familiares y amigos en el salón del primer piso del edificio de los Tribunales Federales. Y el pasado 5 de mayo de 2021, este juez federal con competencia electoral en la provincia, fue procesado (situación que se encuentra firme) por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor (diez hechos), en concurso ideal con prevaricato, omisión y retardo de justicia; enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo”.
Sumando además una acusación por falsificación ideológica y desde un principio fue embargado, junto a su mujer (Marta Boiza, también empleada judicial), por más de 300.000.000 de pesos.
Y en los primeros meses de este año, el juez federal Leopoldo Rago Gallo (subrogando a su par sanrafaelino Eduardo Puigdéngolas) imputó a los dos hijos de Bento: Nahuel, de 30 años, y Luciano Ezequiel (27), por el delito de lavado de activos, bajo la premisa de haber hecho circular dinero proveniente de las actividades ilícitas por las cuales están acusados sus padres. Por estos días ambos jóvenes que se desempeñan en la Justicia Federal se encuentran de licencia por recomendación médica..
Algunas causas que trascendieron detrás de las marmoladas paredes del edificio de avenida España y Pedro Molina en la ciudad, y que llevan su firma, figura la de setiembre del 2011, cuando el juez Walter Bento ordenó la detención del camarista federal mendocino Otilio Romano, procesado por delitos de lesa humanidad y prófugo en Chile. Sin embargo, aclaró en su fallo que la medida se hará efectiva una vez que Romano pierda los fueros como magistrado.
Mientras que en febrero de 2014, la Corte Suprema de Justicia anuló todo lo actuado por el juez Bento en la causa “Supercanal c/ Cablevisión”, al considerar que el juez federal de Mendoza se extralimitó en su competencia y ordenó el archivo del proceso.
Se trata de un amparo iniciado por Supercanal (en aquel tiempo propiedad de Daniel Vila y Jose Luis Manzano) en donde se denunció a Cablevisión por prácticas anticompetitivas.
Otro expediente que trascendió el círculo local se registró en febrero del 2015, cuando con su rúbrica rechazó la excarcelación de Alejandro Vandenbroele, el supuesto testaferro de Amado Boudou. Y ahora, en los últimos días de abril, la nueva composición del Consejo de la Magistratura, que incluye al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Daniel Rosatti, apoyó la decisión de "excluirlo para concursar del Concurso Nº 475, para un cargo en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala III), donde había inscripto su nombre amparándose en el "principio de inocencia".
Y aquí un dato destacado, el doctor Horacio Daniel Rosatti, que con su firma, como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, entre 2004 al 2005, avaló el pedido de nombrarlo juez en el 2005, ahora también firmó la primera resolución del Consejo donde fue excluido del intento de concursar a nivel nacional.
Entre una treintena de procesados figuran los abogados de la matrícula Luciano Ortego, Jaime Alba, Martín Ríos, Javier Angeletti, Luis Francisco Alvarez, Facundo Alzogaray, Francisco Castro, Octavio Billi y Matías Aramayo, además del defensor oficial Jorge Omar Miranda.
Walter Bardinella Donoso (narco preso), José Moschetti (ex comisario preso), Los contrabandistas Eugenio Nasi, Javier Santos Ortega, Juan Carlos Molina, Marcos Adrián Calderón, Omar Rodríguez y Walter Aníbal Costa, algunos siguen presos y otros con el beneficio de la prisión domiciliaria.
La lista se completa con Alfredo Rodolfo Aliaga y Juan Ignacio Aliaga (padre e hijo del asesinado Diego), además de Jessica Miere (pareja de Bardinella Donoso), Mariano Enrique Castro y Leandro Cirot, ambos imputados en causas federales.
Este listado de procesados fue firmado en junio del año pasado, sumando además embargo que, en total, superan los 517 millones de pesos.
El expediente suma además órdenes de detención y allanamientos en estudio de abogados. Uno de los pedidos de detención fue contra Carlos Barón Knoll, funcionario de la Dirección General de Aduanas, por el supuesto pago de coimas dentro del marco de la megacausa que investiga supuestos cohechos en la Justicia Federal.
Este hombre fue condenado en el reciente finalizado juicio por contrabando liderado por el chino Cheng Zheng, prófugo desde 2018, y que durante la audiencia también comprometió el accionar del magistrado acusado. Esto es, en apretada síntesis, el caso que salpica la justicia mendocina, en un solo nombre: Walter Ricardo Bento, que empezó un 5 de mayo del 2021 y cuyo final, por estas horas, aún es incierto.
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