Cae la participación del Ministerio de Educación en el presupuesto nacional

La inversión nacional en el Ministerio de Educación representará el 5,34% del total de gastos de la Administración Pública Nacional, según lo previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2024. La cifra –cuyo impacto efectivo dependerá de la inflación de 2024– abarca los recursos del Ministerio y nominalmente implica un crecimiento del 60,9%, mientras que el incremento nominal del conjunto de la Administración Pública Nacional es del 82,8%.

Los datos surgen del informe “Presupuesto educativo nacional 2024”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Javier Curcio (FCE/UBA, IIEP - UBA CONICET), Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman (Observatorio de Argentinos por la Educación). El documento analiza el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2024 que se está debatiendo en el Congreso, teniendo en cuenta tanto el gasto del Ministerio de Educación nacional como los gastos educativos de otros organismos de la Administración Pública Nacional. La inversión nacional en educación representa alrededor del 25% del presupuesto educativo público; el restante 75% corresponde a las provincias. 

Casi la mitad de las provincias redujeron presupuesto en educación

Si se analiza el presupuesto según funciones, lo asignado a “Educación y Cultura” aumentaría un 87,2%. Esta función equivale al 6,94% en 2023 y al 7,16% en 2024. El 73% de los recursos de la función “Educación y Cultura” corresponden al Ministerio de Educación, seguido por las Obligaciones a Cargo del Tesoro y por el Ministerio de Defensa. 

El Ministerio de Educación recibirá el 5,34% de los recursos nacionales en 2024 (una caída con respecto al 6,02% de 2023), y se mantiene como el 5° ministerio con mayor presupuesto. Más de la mitad de los recursos serán para educación superior (55,4%), seguido del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y compensaciones salariales (14,2%), y las becas a estudiantes (11,8%).

"La incertidumbre reinante en el país desdibuja la capacidad de planificación enmarcada en el Proyecto de Ley de Presupuesto presentado al Congreso Nacional para 2024. Ello se combina con una restricción del espacio fiscal esperada para los próximos meses de enorme magnitud. En ese contexto es perentorio generar acuerdos que permitan priorizar a la inversión en educación que implementará el gobierno nacional en los próximos meses, coordinarla de manera adecuada con las provincias en la complementariedad de sus funciones, y buscando optimizar los resultados para lograr que el sistema educativo apuntale las posibilidades de recuperación, crecimiento y desarrollo para el país", señala Javier Curcio, co-autor del informe.

Marcelo Rabossi, profesor e investigador de la Universidad Di Tella, asegura que “el rol dominante del Ministerio Nacional es el de financiar a las universidades, tomando a su vez en cuenta que en promedio más de un 80% del presupuesto de estas entidades depende de dichos fondos. De esta manera, son muy sensibles a las variaciones que ocurren de año a año. El presupuesto nacional presentado para 2024 muestra una variación nominal apenas superior al 53,2% en relación al año que termina. Esto implica enfrentarnos a una gran incertidumbre futura dado que la inflación del período más que duplicará dicho guarismo. Sumada a esta situación, la baja del impuesto a las ganancias y devolución del IVA para ciertos sectores junto al anunciado recorte fiscal que efectuaría el gobierno entrante para 2024, pone a las universidades en una situación financiera más que incómoda y con riesgo cierto de que continúen desfinanciándose.”

En comparación con 2023, los programas del Ministerio de Educación que más aumentarían su peso relativo en 2024 son “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” (+44,7%), “Conectar Igualdad” (+33,7%), “Cooperación e Integración Educativa Internacional” (+23,8%) y “Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas” (+17,05%).

En cambio, las mayores caídas en participación serían en “Infraestructura y Equipamiento” (-32,63%), “Actividades Centrales” (-28,2%), “Información y Evaluación de la Calidad Educativa” (-27,1%) y “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” (-19,3%). Uno de los aspectos que llama la atención es la disminución en el financiamiento asignado a la infraestructura de jardines de infantes, al equipamiento y otros aspectos edilicios mientras se incrementan los recursos para otros fines, cuando la literatura muestra la importancia de invertir desde los primeros años de vida. 

Agustín Claus, especialista en Economía de la Educación de FLACSO, analiza: “La gran incertidumbre de este año consiste en ver qué decisión tomará el presidente electo Javier Milei. Eventualmente podría enviar un nuevo proyecto de ley con readecuación de las partidas presupuestarias o bien prorrogar el presupuesto vigente 2023 para el 2024, lo que implicaría un ajuste de la magnitud de la inflación acumulada durante todo el 2023. Ninguna de las opciones permite esperar una expansión de la inversión a cargo del Estado nacional”.

Según Juan Ignacio Doberti, Doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, “en el informe se analiza el presupuesto educativo nacional 2024 con diferentes enfoques complementarios: la composición interna, la apertura por funciones, ministerios y la evolución a través del tiempo. La coyuntura macroeconómica de alta inestabilidad torna compleja la evaluación presupuestaria y transitoria a las conclusiones, que dependerán de la evolución de las variables. En forma paradójica, la menor certeza hace más necesaria la exposición clara de la información, puesto que para la futura aprobación del presupuesto nacional debe contarse con datos más desagregados y precisos que ayuden a la comprensión del destino de los fondos. En este sentido, el artículo resulta un aporte al discernimiento de aspectos centrales de la inversión educativa cómo los siguientes: ¿Cuánto se gasta? ¿Qué organismo eroga? ¿Cuál es el destino de los fondos? ¿Cuál es la tendencia del financiamiento? El cumplimiento de los mandatos sociales y legales (no siempre respetados) en materia educativa exige el seguimiento de los recursos escasos tal como se refleja en el texto”.