La iniciativa de la candidata a senadora provincial, Laura Carbonari, propone que el Estado provincial sea garante como lo hace hoy la Ciudad de Buenos Aires.
Política 05 de noviembre de 2021
Periodistas CuyoNoticias
Conseguir garantías es uno de los mayores inconvenientes de las familias mendocinas para alquilar una vivienda.
Actualmente se exigen hasta cuatro garantes con ingresos de más de 50 mil pesos como mínimo y en muchos casos, mayores a los 100 mil pesos mensuales.
La candidata a senadora provincial de la Lista 8 Partido Federal, Laura Carbonari, anunció que desde su banca “impulsaré una propuesta para que el Estado provincial sea garante de las familias mendocinas que tienen que alquilar una vivienda, algo que se puede instrumentar sin riesgo alguno para las arcas públicas de Mendoza.
Explicó al respecto que “vamos a hacerlo a nivel local y promoviendo la reforma de la ley de alquileres nacional, que ha generado además un gravísimo problema porque provocó que se derrumbara la oferta y se disparara el precio de los alquileres”.
Cuyo Aval
“En Mendoza -puntualizó- lo podríamos hacer a través de Cuyo Aval, que es una sociedad de garantías recíprocas del Estado o del Fondo de la Transformación y Crecimiento pero para lograrlo necesitamos reformar algunas disposiciones del Banco Central. Es decir, es algo que quiero militar para que toda la política mendocina, sin diferencias, gestione para hacerlo posible”
La Ciudad de Buenos Aires ofrece hoy garantías a sus ciudadanos para tomar alquileres. Lo hace a través del Banco Ciudad y es un sistema muy seguro para el Estado porteño porque es la misma entidad bancaria la que se encarga de debitar automáticamente el monto del alquiler y transferir el pago al dueño de la propiedad. Por lo que no hay riesgo de atraso o incumplimiento, que comprometa la garantía, en este caso ofrecida por la entidad bancaria estatal”.
A diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza no tiene banco estatal y eso la limita porque los bancos si está autorizados para ofrecer estas garantías a las familias inquilinas pero las sociedades de garantías recíprocas (SRG) no están habilitadas para tal fin sino para intervenir en emprendimientos y actividades económicas.
“Tenemos que avanzar en este tema y desde la política resolverle a nuestros ciudadanos los obstáculos de la vida cotidiana que alivien el día a día”, finalizó Carbonari.
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