Alarma por salud mental en fuerzas de seguridad

La preocupación por la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad de Mendoza tomó un nuevo impulso tras la presentación de un proyecto legislativo que exige datos claros y actualizados sobre la situación emocional del personal policial y penitenciario. El pedido legislativo surgió luego de meses de reuniones, testimonios y episodios que dejaron al descubierto un deterioro que ya no puede ignorarse.

Un llamado urgente desde la Legislatura

El Presidente del bloque justicialista en Diputados, Germán Gómez, fue quien expresó con mayor claridad la dimensión del problema. Según sostuvo, la situación dejó de ser “un rumor disperso” para transformarse en un mensaje directo de auxilio. El legislador indicó que, durante meses, distintos encuentros con vecinos, autoridades y agentes evidenciaron un patrón repetido: cansancio extremo, angustia persistente y episodios que revelan un estado emocional cada vez más vulnerable entre los efectivos.

Datos que faltan y señales que preocupan

Uno de los ejes del reclamo es la ausencia de estadísticas oficiales actualizadas. El pedido de informes busca precisar cuántos agentes están con carpetas médicas vinculadas a trastornos emocionales y cómo evolucionó esa cifra desde 2020. La falta de datos llevó a que la situación se analice, hasta ahora, a partir de relatos aislados, mensajes entre compañeros y publicaciones periodísticas. Aun con esa limitación, hay números imposibles de pasar por alto: en el último año, seis policías se quitaron la vida en la provincia. Traducido en proporciones, representa un índice diez veces mayor que el de la población general.

Presión económica y desgaste acumulado

Gómez también señaló que la situación económica profundiza el deterioro emocional. Muchos agentes enfrentan salarios insuficientes para cubrir alquileres, servicios y gastos básicos. Esto los empuja a sumar horas adicionales o a endeudarse para sostener a sus familias. A esa presión se suma la dinámica habitual del trabajo policial: horarios extensos, guardias nocturnas, exposición constante a hechos críticos y una disponibilidad que, en muchos casos, no permite un verdadero descanso. El resultado es un terreno fértil para crisis psicológicas que podrían prevenirse con acompañamiento adecuado.

Normas claras, políticas ausentes

La Ley 6.721 establece que la integridad psicofísica del personal de seguridad es un componente esencial para el funcionamiento del sistema. Además, los tratados internacionales incorporados a la Constitución obligan al Estado a garantizar condiciones laborales dignas. Sin embargo, según señaló el legislador, la falta de políticas sostenidas dejó al personal en un estado de vulnerabilidad creciente. Informes elaborados en gestiones anteriores ya habían advertido esta fragilidad, pero las medidas no lograron sostenerse en el tiempo ni transformarse en programas estables de asistencia y prevención.

Un pedido que busca respuestas inmediatas

Para Gómez, el planteo no es solo estadístico, sino estructural. “No podemos pedir que cuiden a la sociedad si no cuidamos a quienes nos cuidan”, afirmó al presentar el proyecto. La frase resume la urgencia que rodea al debate: miles de agentes siguen cumpliendo funciones en un contexto que, para muchos, se ha vuelto emocionalmente insostenible. La Legislatura espera que el pedido de informes permita acceder a datos precisos y, a partir de ellos, construir políticas de apoyo psicológico que sean reales, accesibles y permanentes. El desafío es grande y la necesidad, evidente. El sistema de seguridad de Mendoza necesita respuestas que estén a la altura de la situación.