Operativo sin precedentes en el estadio Malvinas de Mendoza
La cita contará con la presencia de ambas parcialidades, lo que ha llevado a desplegar un exhaustivo operativo de seguridad de 900 efectivos policiales.
Se complica la designación de jueces que tengan la tarea de llevar adelante el juicio oral y público del Juez Federal. Serán de San Luis y de San Juan quienes tengan la responsabilidad.
Policiales19/11/2022 Eduardo Luis AyassaUno en el edificio de los Tribunales Federales de Mendoza, donde se espera conformar el tribunal que lo juzgará por liderar una banda que cobraba montos millonarios a cambio de beneficiar a presos y otro a nivel nacional con sede en el Consejo de la Magistratura donde el miembro instructor acaba de pedir su destitución lo que se traduce —de prosperar el dictamen— en juicio político por mal desempeño en sus funciones.
El año próximo, después de la feria de enero, se espera conocer el nombre de los tres jueces que juzgaran en debate oral y público al juez federal Walter Ricardo Bento, acusado de ser “jefe” de una asociación ilícita, por 15 hechos de cohecho activo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica (2 hechos), abuso de autoridad (10 hechos), desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba (su teléfono oficial).
De los miembros del Tribunal Oral 2, hasta ahora, el único nombre confirmado era el del juez Roberto Naciff (ganador de un viaje a Qatar para ver el Mundial, organizado por un canal de televisión), pero hace pocas horas después de ser cuestionado su nombre por la fiscalía, Naciff se inhibió también, por lo que ahora la Cámara de Casación, evaluará las “razones” de cada excusación que ya suman cinco. Héctor Cortés y Pablo Salinas (Tribunal Oral 2) con el argumento “enemistad manifiesta” ya se habían apartado.
También lo argumentaron, en su momento, Alberto Carelli y Alejandro Piña, integrantes del Tribunal Oral 1.
Este caso originado en estas tierras, pero de repercusión nacional, puso la lupa, hace más de un año, sobre lo que ocurría puertas adentro del edificio de avenida España y Pedro Molina, en el centro mendocino.
Después de una larga investigación, en manos del fiscal general Dante Vega, Eduardo Puigdéngolas, juez federal de San Rafael, imputó a Bento, a su esposa, uno de sus hijos y una veintena de nombres, muchos de los cuales son abogados de la matrícula local de graves acusaciones, entre las que se destacan: lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Fue el miércoles 5 de mayo del 2021.
En la sala de debates del primer piso de los Tribunales Federales acompañarán al juez Walter Ricardo Bento, su esposa Marta Isabel Boiza Yorino y su hijo Nahuel Bento Boiza (familia que se encuentra embargada en más de 400 millones de pesos), además de Jaime Andrés Alba Nortes, Alfredo Rodolfo Aliaga Luque, Juan Ignacio Aliaga Lottero, Luis Francisco Álvarez López, Javier Leónidas Angeletti Ratfopol, Alejandro Matías Aramayo Ciacera, Walter Eduardo Bardinella Donoso, Carlos Federico Barón Knoll, Martín Rodolfo Bazán Guerra, Marcos Adrián Calderón Devias, Mariano Enrique Castro Hoyos, Leandro Emanuel Cirot Maldonado, Walter Aníbal Costa Sgró, Enrique de la Cruz Rodríguez, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, Jéssica Melisa Miere Reina, Jorge Omar Miranda Anaya, Juan Carlos Molina Pérez, José Gabriel Moschetti Retamales, Eugenio Javier Pereira, Cristian Oscar Oliva Suárez, Javier Santos Ortega Pérez, Luciano Edgardo Ortego Hernández, Leopoldo Antonio Martín Ríos Santander, Omar Armando Rodríguez Cichinelli y José María Sanguedolce.
En síntesis, el caso judicial que superó todo lo ocurrido a nivel local ya está para ser resuelto, aunque para que ello ocurra habrá que esperar un tiempo. Allá (por el Consejo de la Magistratura) y acá (un Tribunal Oral) definirán la suerte del juez federal con competencia electoral, Walter Ricardo Bento, en los extremos de una condena o la absolución, es decir, entre la cárcel o la libertad.
La cita contará con la presencia de ambas parcialidades, lo que ha llevado a desplegar un exhaustivo operativo de seguridad de 900 efectivos policiales.
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